Reforma del Sence: llegó el momento

John Henríquez

Existe consenso en que el sistema de capacitación nacional -a cargo del SENCE- adolece de, al menos, tres problemas. En primer lugar, la inconveniencia de que el uso de la franquicia tributaria se concentre en las grandes empresas. En segundo lugar, la evidencia indica que las acciones de capacitación no generan el impacto en productividad esperado. Y, finalmente, la calidad y la pertinencia de los cursos han sido fuertemente cuestionados, confirmando la necesidad de revisar el diseño del régimen de incentivos. Los objetivos del proyecto de ley presentado por el actual gobierno, y parte importante de las medidas propuestas, son coherentes con las sugerencias técnicas disponibles a la fecha, especialmente aquella referente a que se franquicien sólo los recursos que las empresas gastan efectivamente en acciones de capacitación.

No obstante lo anterior, algunos actores relevantes han planteado legítimas inquietudes respecto de la efectividad de la iniciativa presentada, entre ellas determinadas OTIC. Dado que son actores relevantes en la materia, es pertinente que sus observaciones encuentren espacio en el debate legislativo, sin perjuicio de que a nuestro entender se trata de un proyecto orientado adecuadamente, basado en un diagnóstico compartido y de larga data, fundado en la literatura disponible y las conclusiones de diversas comisiones convocadas al efecto.

Reconociendo que se trata de una iniciativa bien orientada y fundamental para potenciar el crecimiento económico, consideramos que aún existe espacio para su perfeccionamiento. Al respecto, sugerimos a los colegisladores considerar la conveniencia de prohibir la realización de cursos de duración acotada y avanzar hacia un modelo de cursos de larga duración, debido al impacto positivo de éstos en los salarios. Asimismo, recomendamos evaluar la creación de un sello distintivo para las OTEC que voluntariamente se sometan a evaluación, tanto de las empresas que requieren sus servicios como de los mismos trabajadores capacitados. Dicha medida permitiría reducir los costos de búsqueda, promoviendo los cursos de calidad y aumentando la presión competitiva en dicho mercado.

Por otra parte, es conveniente realizar una evaluación integral de las facultades y atribuciones de ChileValora, puesto que la evidencia indica que se observa una escasa cobertura del sistema de evaluación y certificación de competencias laborales (1,5 certificados por cada mil ocupados), en atención a que el esquema de financiamiento vigente no está alineado con la disposición a pagar de los involucrados. Finalmente, proponemos eliminar el valor hora de los cursos -determinado por el SENCE-, permitiendo que dichos valores sean fijados directamente por los oferentes en aras de fomentar la ejecución de cursos especializados.

Ante las evidentes diferencias ideológicas sobre aspectos centrales de la agenda legislativa laboral, la aprobación de este proyecto de ley -incluyendo, por cierto, las mejoras que puedan introducirse- sería una excelente noticia no sólo para los trabajadores y empresas, sino que también para nuestros representantes, en tiempos en que se cuestiona su capacidad de alcanzar acuerdos. ¿Será posible que esta reforma, que goza de un diagnóstico técnico transversal, se transforme en ley en un tiempo razonable? Ya lo veremos.